El legislador agradeció a sus colegas por el espacio otorgado en las sesiones de la Cámara Alta, en las que sistemáticamente fueron expuestas las diferentes publicaciones de LA VERDAD, en base a documentos que se encuentran a disposición de la ciudadanía y los organismos de investigación del Estado.
En este contexto, incluso Bogado realizó una denuncia formal en contra de personas innominadas por el supuesto hecho punible de soborno, lesión de confianza, estafa en el marco del pago de una suma de dinero para obtener beneficios en la adjudicación de la banda ancha “B” a la telefonía celular correspondiente a la empresa Núcleo S.A. (Personal), propiedad de Aldo Zuccolillo.
Sin embargo, la misma se encuentra durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía, sin que exista intención clara de iniciar una investigación al respecto, pese a la seriedad de la denuncia.
Entre otras cosas, se insistió en que se investigue quien cobró diez millones de dólares que personal pago por la licencia, “se entregaron 34 millones para CONATEL Y 10 millones fue a parar en manos de unos Consultores que estaban en USA”.
Asimismo por iniciativa de Bogado, la Cámara Alta aprobó un pedido de informe que busca conocer qué normativa legal ampara actualmente la concesión para uso y/o construcción del puente sobre la calle San Roque González de Santacruz, como ampliación del Shopping Mariscal, propiedad del empresario de medios, en consideración a la expresa prohibición establecida en la Ley N° 3.966 del 2010 de la Ley Orgánica Municipal, señalada en el artículo 134. Con esta construcción se demostró que Zuccolillo se burla de la ley con el respaldo de quienes debieran controlar y sancionar las violaciones legales.
Las denuncias de La Verdad, motivó otra nueva persecución de Zuccolillo hacia el senador, mediante sus medios de comunicación. Las publicaciones de su diario, sí son tomadas de forma rápida por la Fiscalía para iniciar cualquier investigación. Despierta suspicacias los criterios que utiliza el Ministerio Pública para evadir el inicio de una investigación en contra el empresario de medios, autodenominado único fiscal y juez de la República del Paraguay.