El acuerdo privado firmado entre Conatel, bajo la presidencia de Jorge Seall y la empresa del Aldo Zuccolillo, Personal, denunciado por el senador Víctor Bogado en su diario digital La Verdad, no tiene ningún respaldo jurídico,“En diciembre del 2008 con la ayuda del entonces presidente Jorge Seall, en una maniobra, la empresa Personal y Conatel, firman un acuerdo privado y aquí se confirma con este informe de Procuraduría, que todo este operativo se hizo sin la participación de la Procuraduría Conatel de manera unilateral, bajo la presidencia de Jorge Seall realiza este acuerdo privado y con esta argucia, remiten este acuerdo privado al Tribunal de Cuentas y este Tribunal lo único que hace es homologar el acuerdo privado y ensayan una supuesta orden judicial”, explicó el parlamentario.
Bajo este argumento, fue justificada la devolución de los Gs. 2.200 millones, plata del Estado, por parte de Conatel a la empresa de Zuccolillo. En ese sentido, Bogado, señaló que para realizar una devolución de dinero público, indefectiblemente la Procuraduría debía tener participación, sin embargo, nunca fue consultada.
Otra evidencia
En cuanto a aquel pago de 10 millones de dólares que el propio empresario Aldo Zuccolillo reconoció en un medio escrito, haber pagado para que se le entregue la licencia de la Banda B de Telefonía Celular, tampoco la Procuraduría tuvo participación en la supuesta contratación de una consultora internacional. La PGR, en su informe al Senado, expresó que tampoco la institución conoce el destino de los 10 millones de dólares que se pagó a una consultora privada.
El “negocio de oro” de Zuccolillo
Siguiendo con su denuncia, el senador Víctor Bogado explicó que en el 2007 la empresa Personal, propiedad de Aldo Zuccolillo, tampoco pagó por la renovación de la licencia bajo la figura de que a las resultas del juicio que se encontraba en el Tribunal de Cuentas, se le iba a cobrar después una suma aproximada de 6 millones de guaraníes.
“Tampoco se le cobra y simplemente con esta supuesta homologación del Tribunal de Cuentas, que fue solo un enjuague, olímpicamente Personal no paga la renovación, lo mismo pasa en el 2012, cuando una vez más evita el pago por la renovación de la licencia. Y en el 2015 cuando ya no estaban ninguno de los camaristas que formaban parte de aquel Tribunal que homologó el acuerdo privado, se puede demostrar que la operación fue absolutamente ilegal, porque en el 2015 la empresa de Zuccolillo paga Gs. 14.500 millones por la renovación de la licencia del 2012, 3 años después y con todos los intereses porque pretendía participar en la licitación de la Banda 4G, del cual finalmente desistió”, señaló.
Bogado puntualizó que aquel Tribunal de Cuentas nunca se expidió sobre la cuestión de fondo y que simplemente homologó el acuerdo Así también destacó que Zucolillo, en el 2015, una vez más, al realizar el pago de los G. 14.500 millones también lo hace bajo la modalidad de la protest, esperando “otro gobierno amigo, otro presidente de Conatel sumiso para que por sus influencias pueda lograr se le devuelva una vez más ese dinero que le corresponde a todos”.
El legislador no descartó que Zuccolillo ya se encuentre operando para lograr el apoyo de algún sector para, de esa manera, seguir gobernando como el único juez y fiscal de la República del Paraguay, con la ayuda del Poder Judicial, donde según Bogado, con mucha eficacia se mueve el Ministro de la Corte N° 10, que sería un empleado de Zuccolillo, con el firme objetivo de que se consuma “el negocio de los celulares de oro, porque este negocio realmente es una mina de oro”, concluyó.